El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego han abierto un frente fiscal por la expansión de los centros de datos de Amazon Web Services en Aragón. Los dos ayuntamientos sostienen que el Impuesto sobre Actividades Económicas vinculado a estas instalaciones debería repercutir en los municipios donde se desarrolla la actividad y no quedar canalizado mediante una cuota de ámbito nacional.

La disputa no gira únicamente en torno a una cuestión administrativa. Los consistorios vinculan la reclamación a los ingresos que, según sus cálculos, han dejado de percibir desde 2022 y a los que podrían quedar fuera de las arcas locales con las nuevas ampliaciones ya previstas.

Imagen asociada a la información sobre los centros de datos de AWS en Aragón
Imagen utilizada en la cobertura original sobre la expansión de AWS en Aragón.

Qué reclaman El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego

La posición municipal parte de la forma en que se liquida el Impuesto sobre Actividades Económicas. La normativa permite optar entre distintas clases de cuota cuando la tarifa de una actividad las contempla, y la información de origen indica que AWS habría escogido la modalidad nacional.

Los ayuntamientos defienden que una actividad de esta escala debería dejar una parte mayor de su recaudación en el territorio que alberga las instalaciones. El alcalde de El Burgo de Ebro, Vicente Royo, ha condicionado además la firma del convenio previsto en el Plan de Interés General de Aragón a que exista un acuerdo económico que cubra tanto el IAE como la compensación que reclama el municipio.

Las cifras que están detrás del conflicto fiscal

La documentación citada para la primera ampliación maneja una estimación anual de 522.777 euros de IAE. De esa cantidad, 384.503 euros corresponderían a Zaragoza, 90.817 a Huesca, 33.400 a Villanueva de Gállego y 14.056 a El Burgo de Ebro. Los responsables municipales sostienen que la discusión económica será mayor a medida que avancen los nuevos campus proyectados.

El conflicto se suma a otra cuestión fiscal previa. Los municipios recuerdan que tampoco ingresaron el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de estos proyectos al haberse tramitado mediante un Plan de Interés General de Aragón.

La expansión de los centros de datos en Aragón

AWS opera infraestructuras en Zaragoza y Huesca desde noviembre de 2022. La empresa ha comunicado planes de inversión de gran escala para España y Aragón, con previsiones de impacto sobre empleo y producto interior bruto que proceden de sus propias estimaciones. En marzo de 2026 elevó su inversión total prevista a 33.700 millones de euros y calculó una aportación de 31.700 millones al PIB español hasta 2035.

La expansión no se limita a las instalaciones actuales. También hay proyectos previstos en La Puebla de Híjar, Calatorao y Zaragoza impulsados por distintos operadores. Ese crecimiento está convirtiendo a Aragón en uno de los principales polos españoles para este tipo de infraestructura digital.

Energía, agua y retorno para el territorio

La discusión fiscal aparece ligada a una cuestión más amplia: qué beneficios locales dejan unas instalaciones que requieren grandes cantidades de suelo, energía y agua. En 2025 el consumo eléctrico de Aragón aumentó un 7,1 %, frente al 2,7 % nacional, y el plan de ampliación citado en la información de origen calcula que, cuando se completen las fases previstas, la demanda podría rondar los 10.800 GWh anuales.

El agua es otro de los puntos de atención. El mismo plan proyecta un consumo total de 755.000 metros cúbicos al año para refrigeración, mientras que AWS comunicó que sus centros aragoneses utilizaron alrededor de 68 millones de litros en 2025. Son cifras que miden ámbitos distintos y, por tanto, no deben interpretarse como equivalentes.

Un debate que ya supera la cuestión tributaria

Las fricciones locales no se limitan a El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego. En Cuarte se produjo oposición vecinal a una línea de alta tensión; en Zaragoza se han presentado alegaciones relacionadas con el proyecto de Microsoft; y en Teruel existen discrepancias por el uso del agua vinculado a nuevas instalaciones.

La reclamación de los dos ayuntamientos sitúa ahora el foco sobre el reparto de los ingresos fiscales. El debate que queda abierto es hasta qué punto los municipios que alojan los centros de datos deben recibir una compensación directa por una actividad que también tiene efectos sobre la planificación energética, el suelo y los recursos locales.